El Colectivo Moucho, Asociación de iniciativa voluntaria de usuari@s, ex-usuari@s de drogas y técnic@s se fundó en el año 1999. Las personas que formamos el colectivo estamos por la legalización de las drogas, pero por un uso responsable de las mismas. En este sentido la información sobre sus efectos y consecuencias es de vital importancia para decidir y usarlas con responsabilidad.
Las políticas de drogas que se aplican en la actualidad no tienen en cuenta la opinión de los destinatarios de las mismas y, por este,y otros motivos, dejan de ser todo lo eficientes, que debieran ser. En este sentido observamos que únicamente los tratamientos farmacológicos y terapéuticos que se ofertan en las unidades asistenciales no solucionan la problemática de la drogodependencia de las personas, en su totalidad. Una vez la persona con problemas de dependencia deja el abuso medidas de inserción laboral y social han de ser aplicadas en el contexto de los tratamientos dirigidos a las personas dependientes de las drogas. Y es necesaria una discriminación positiva a nivel de laboral, sea creando centros especiales de empleo u otras fórmulas que se adapten al colectivo de personas que usan o han usado drogas. en cualquiera de sus usos o abusos.
Otra de las incongruencias que observamos es la penalización por tenencia de drogas en personas que son dependientes de las mismas. Es un contrasentido penalizar bajo la justificación de la ley de seguridad ciudadana 1/92 de 22 de febrero (multar por vía administrativa o vía penal, según la cantidad incautada) a estas personas por usar o abusar de estas sustancias, cuando como tod@s sabemos la drogodependencia está considerada como patología y además el estado proporciona tratamientos para esta enfermedad, por lo que se lucra doblemente con la recaudación de las multas y con la venta de los tratamientos que se indican al colectivo de usuari@s de drogas.
Las políticas de drogas que se aplican en la actualidad no tienen en cuenta la opinión de los destinatarios de las mismas y, por este,y otros motivos, dejan de ser todo lo eficientes, que debieran ser. En este sentido observamos que únicamente los tratamientos farmacológicos y terapéuticos que se ofertan en las unidades asistenciales no solucionan la problemática de la drogodependencia de las personas, en su totalidad. Una vez la persona con problemas de dependencia deja el abuso medidas de inserción laboral y social han de ser aplicadas en el contexto de los tratamientos dirigidos a las personas dependientes de las drogas. Y es necesaria una discriminación positiva a nivel de laboral, sea creando centros especiales de empleo u otras fórmulas que se adapten al colectivo de personas que usan o han usado drogas. en cualquiera de sus usos o abusos.
Otra de las incongruencias que observamos es la penalización por tenencia de drogas en personas que son dependientes de las mismas. Es un contrasentido penalizar bajo la justificación de la ley de seguridad ciudadana 1/92 de 22 de febrero (multar por vía administrativa o vía penal, según la cantidad incautada) a estas personas por usar o abusar de estas sustancias, cuando como tod@s sabemos la drogodependencia está considerada como patología y además el estado proporciona tratamientos para esta enfermedad, por lo que se lucra doblemente con la recaudación de las multas y con la venta de los tratamientos que se indican al colectivo de usuari@s de drogas.
